En la cámara de diputados, la bancada del PRI impulsó una reforma al artículo 22 constitucional con la intención de que sea obligatoria la existencia de una sentencia de un juez antes de que las autoridades retiren una propiedad al ciudadano que haya sido acusado de cometer delitos graves.
Esta iniciativa fue presentada por los diputados federales Pedro Pablo Treviño, Enrique Ochoa Reza, Dulce María Sauri, Claudia Pasteo, Norme Guel, Soraya Pérez y Fernando Galindo.
Esto luego de que entrará en vigor la Ley Nacional de Extinción al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Pedro Pablo Treviño señaló que con esto se debe prevenir y castigar actos delictivos de alto impacto como el crimen organizado y el lavado de dinero, y ser muy clara en su aplicación.
La intención de esta reforma es evitar las distorsiones en la ley respectiva, por lo que se exige para que aplique, exista sentencia previa, que pueda iniciarse contra un ciudadano sólo si el juez dicta con pruebas fehacientes, el auto de vinculación a proceso penal, y no por capricho del Ministerio Público.