La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León acudió al Congreso del Estado a presentar su informe de actividades, donde destacó la emisión de 34 recomendaciones dirigidas a 46 autoridades.
Dentro de su presentación la titular informó que las recomendaciones que se emitieron principalmente por uso indebido de la fuerza, tortura o tratos crueles inhumanos y degradantes, así como retardos injustificados en la investigación penal.
"En estas Recomendaciones se documentaron violaciones contra personas con discapacidad, personas mayores, en situación de migración, mujeres, así como privadas de la libertad", expresó.
Entre las recomendaciones emitidas a se encuentran las realizadas a la Fiscalía General de Justicia, con ocho; la Secretaría de Seguridad Pública, con siete; la Secretaría de Educación y autoridades de Salud, dos cada una; la Procuraduría General de la Defensa del Adulto Mayor, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, ISSSTELEON, y un Diputado del Congreso, con una
También se realizaron recomendaciones a autoridades municipales entre los que destacan a la Presidencia Municipal de Monterrey; Juárez, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza y Santiago; y una Recomendación a las Presidencias Municipales de El Carmen, Galeana, García, General Zaragoza, General Zuazua, Guadalupe, Pesquería, Sabinas Hidalgo y Santa Catarina.
Informó además, que en 2019 se atendieron a 14 mil 712 personas, lo que representa un incremento del 30 por ciento en comparación con el 2016.
Informó que emitió cinco recomendaciones relacionadas al sistema penitenciario por violaciones al derecho a la salud, a la integridad física y por la realización de revisiones denigrantes.
También se destacó la presentación de una iniciativa de ley sobre los derechos de las personas en situación de migración; otra que busca salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad; asimismo se realizaron dos protocolos en materia de trata de personas, uno de investigación y otro para la atención de víctimas: y se publicó un Manual para la atención y detección de trata de personas, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia.
