Monterrey; N.L.- Luego que la Comisión Anticorrupción del Congreso del Local aprobó la apertura de investigaciones y diligencias sobre el juicio político contra el Gobernador, Samuel García, la Diputada, Armida Serrato informó que, en su defensa, el mandatario estatal "justificó" que los recursos públicos dejan de serlo una vez que el Estado paga a proveedores privados, por lo que, estos pueden destinarse libremente, incluso al pago de abogados, sin que dichas erogaciones estén sujetas al escrutinio público.

"Él señala que los supuestos recursos a que se hace alusión, en todo caso, no son públicos, pues al entrar al patrimonio de los proveedores adquieren la connotación de privados y, por ende, lo que se realice con posterioridad se encuentra fuera del escrutinio público", apuntó la Presidenta de la Comisión.

La presidenta de la Comisión Anticorrupción, precisó que, de acuerdo con lo expuesto en sesión, la etapa de investigación contempla solicitudes de información a 69 instancias, entre dependencias estatales, entidades públicas y federales, entre ellas el Instituto Registral y Catastral, la Contraloría General, la Secretaría de Economía Federal, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Del mismo modo, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como instituciones educativas y a los 12 proveedores relacionados con los hechos referidos en la denuncia contra del titular del Poder Ejecutivo.

Serrato Flores explicó que también se solicitarán datos fiscales, registros de transferencias y declaraciones anuales a autoridades competentes, con el propósito de esclarecer el flujo de recursos y su posible destino.

Asimismo, señaló que, conforme al procedimiento, las instancias requeridas contarán con un plazo de seis días hábiles para remitir la información solicitada, una vez realizada la notificación correspondiente.

La legisladora destacó que el acuerdo se fundamenta en lo establecido en la Ley de Juicio Político, así como en el análisis del expediente y de las respuestas previamente emitidas por la autoridad señalada, con el objetivo de robustecer la etapa de investigación antes de la eventual emisión de un dictamen.